La quiebra de los ayuntamientos

La ingente cantidad de facturas impagadas por los ayuntamientos en España que han aflorado estos días deberían hacernos reflexionar doblemente. Por un lado, en como pagarlas y, por otro, en como asumir las responsabilidades subyacentes. Ambas líneas son imprescindibles dentro de una política de transparencia cada vez más necesaria.

Una transparencia que pasa en primer lugar por la toma de decisiones fulminantes. La deriva ha llegado a un punto que ya no es válido el vacilar. La valentía de un Gobierno se observa en sus actos, y refinanciar o, literalmente, pagar una deuda municipal sin contrapartidas no parece la medida mas adecuada. En este apartado, el Gobierno debería añadir un punto a su política de pagos municipales. Tan sencillo como buscar la manera de cesar o inhabilitar a todo aquel alcalde o gobierno municipal que hayan elevado la deuda a una cifra inasumible.

Seamos francos: municipios con deudas superiores al 100% de su presupuesto no son serios. Alcaldes con facturas impagadas desde hace decenas de meses no merecen que se deposite en sus arcas un solo euro público. Un Gobierno valiente y con visión clara debe conminar a estos alcaldes y su equipo a su dimisión inmediata. Pero aún más incluso, en casos puntuales, deben ser intervenidos y hasta disueltos.

En el campo de la actividad privada un buen número de ayuntamientos estarían no sólo en concurso de acreedores, sino directamente en liquidación. Todo además, con una pieza de calificación abierta, y en la mayoría de casos con una larga inhabilitación para sus gestores. La justicia aún no permite esa actuación, aunque estaría bien abrir una nueva vía legal para que los expertos jueces mercantiles pudieran actuar de oficio.

El Gobierno debería exigir esa responsabilidad como condición básica para liquidar las deudas municipales. Debería ya marcar unos límites de endeudamiento pasado y futuro. Debería exigir responsabilidades, incluso penales, a aquellos que ya no ejercen cargos públicos, y cesar o inhabilitar a aquellos que aún los ejercen. En estos temas tan sensibles no se puede vacilar ni un segundo más.

Pero no sólo los gobiernos deben tomar medidas, sino también los partidos políticos si quieren seguir siendo referente. Pongamos nombres y particularicemos aún más. Es inconcebible que un alcalde de Sabadell como Manuel Bustos, secretario de política municipal del PSC, tenga la vergüenza de permanecer en su cargo cuando su ayuntamiento debe cerca de 25 millones de euros en facturas anteriores a 1 de enero del 2012.

Un político, Bustos u otros cientos que se pliegan según el día al partido, no sólo se deben al ciudadano, sino que también al partido. Todos juntos deben transmitir una imagen transparente y coherente de su partido, y su partido actuar en consonancia. Tener, en este caso de Sabadell, más de 1.000 facturas en cajones, pueden haber llevado al disparadero a más de un proveedor. No es justo ni lógico que el proveedor encadene problemas y el mal gestor encima reciba la liquidación de la deuda sin responsabilidad y mantenga cargos públicos pagados por todos.

Pero obviamente pedir que un partido expulse a sus alcaldes sería un brindis al sol. En un país como el nuestro deberíamos para estos casos recuperar aquella frase de “la letra con sangre entra”. Y que sea el propio Gobierno quien articule acciones inmediatas y rotundas para que todos aquellos alcaldes y equipos con una deuda sobredimensionada sean de forma inmediata calificados por su actuación. La pregunta es: ¿Y a quién enviar esa responsabilidad?

La respuesta es sencilla. Quien más conoce la dinámica de los negocios del país son los jueces de lo mercantil. Debería pues este Gobierno abrir una vía para que de una u otra forma, todos aquellos participes en esta deriva sean, como menos, llamados a aclarar sus responsabilidades. Y en los casos más flagrantes respondan con su propio patrimonio, en ocasiones muy sospechosamente elevado. Seamos francos, más colapsados que están los juzgados mercantiles no lo estarán, y seguro que brindan un nuevo acto de transparencia bien necesaria a una España de los ayuntamientos quebrados.

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